El cese de tareas dispuesto a medianoche por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por 24 horas en los servicios de media y corta distancia en las empresas que “incumplen el pago del aumento salarial resuelto y acordado” afectaba este viernes a usuarios de las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y Tucumán.
En Corrientes, la medida se realizaba con adhesión total desde las 0 de hoy en el servicio de transporte urbano de pasajeros y el interurbano de corta distancia Chaco-Corrientes, según la seccional de esa provincia de la organización gremial.
Este servicio es utilizado diariamente por miles de usuarios que estudian o trabajan en las ciudades de Resistencia y Corrientes.
En Entre Ríos el paro de colectivos afectó a varias ciudades, principalmente en el área metropolitana del Gran Paraná y zonas del mismo departamento, donde algunas escuelas y universidades decidieron suspender el dictado de clases.
También la medida de fuerza afectó el servicio de media distancia de Fluviales y Etacer, empresas a cargo del traslado entre las capitales Paraná y Santa Fe, y a los usuarios que viven en el Gran Paraná, que eligieron el tren como medio de transporte.
Desde la UTA seccional Entre Ríos explicaron que no permitirán que “grupos monopólicos ejerzan presión sobre las autoridades nacionales para obtener mayores recursos económicos”, ni que “utilicen a los trabajadores y usuarios como rehenes de sus pedidos sectoriales”.
En Tucumán, la media comenzó a primera hora del viernes por lo que quedaron suspendidas las actividades en todas las instituciones educativas, incluyendo los actos escolares en el marco de la celebración del Día de la Independencia, indicaron voceros del Ministerio de Educación provincial.
En Misiones, en tanto, el paro tenía una adhesión parcial -tanto en colectivos como en los servicios de media y larga distancia-, ya que los trabajadores de las empresas que abonaron el aumento salarial pactado no adhirieron a la medida.
En Santa Fe, las líneas del transporte urbano, interurbano y de media distancia de pasajeros adhirieron a la retención de tareas en toda la provincia, a excepción de la ciudad de Rosario, donde el aumento acordado ya comenzó a “impactar en los sueldos de los choferes”, señaló el secretario general de la UTA Rosario, Sergio Copello.
En Formosa el servicio de transporte público de pasajeros funcionaba con normalidad dado que se acordó el pago del aumento salarial resuelto para el día de hoy con los gremios UTA y la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA).
La medida sorpresiva del jueves
La UTA había denunciado que el Grupo DOTA paró de forma sorpresiva a partir de las 16 del jueves por “mayores recursos para sus patrones”, y aseguró que “los trabajadores no paran sino que retienen sus tareas para garantizar su incremento salarial”.
Fuentes oficiales dijeron que el cese anticipado de Dota fue “un lockout patronal” y ratificaron que a las empresas “se les depositó en las últimas horas” el dinero reclamado como compensaciones y para hacer frente a los aumentos salariales pactados recientemente, pero algunas “están abonando los sueldos al valor anterior y están al límite de la defraudación”.
Las fuentes oficiales dijeron que “hay empresas que pagan y otras que no pagan” los aumentos correspondientes y admitieron la disparidad en ese sentido.
Tampoco descartaron que sea una forma de “presión” de las compañías que podrían pretender “una nueva estructura de costos y más margen de ganancias” de manera inmediata y destacaron que recientemente hubo un aumento de valor de los pasajes.
“Solo el monopolio Dota lanzó desde las 16 de hoy -por el jueves- un adelanto de la medida de fuerza, que es absolutamente patrocinada por ese sector patronal”, dijo a Télam el secretario de Prensa de la UTA, Mario Calegari.
Cruces con las cámaras empresarias
“En la empresa que no pague lo que se acordó, no se trabajará y no habrá servicios desde la medianoche”, había dicho Fernández a Télam, pero las cinco cámaras del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) respondieron a través de las redes sociales que las escalas de haberes dispuestas por una resolución conjunta de Trabajo y Transporte “no están homologadas, son ilegítimas y carecen de validez jurídica”.
Fuentes de la cartera laboral indicaron a Télam no fue posible dictar una nueva conciliación obligatoria, ya que ese instrumento fue aplicado por “su plazo máximo”.
Las empresas comunicaron que las compensaciones que reciben del Estado, a excepción de los costos salariales, están calculadas “a precios de diciembre último”, y exigieron “el cumplimiento de las obligaciones de Transporte y legalidad para realizar la mejora”.
“La UTA reclama se aplique en la liquidación de salarios incrementos dispuestos por una resolución conjunta (de ambos ministerios) que no tiene validez jurídica, dado que se impone un aumento salarial sin acuerdo del gremio y de las cámaras del sector”, añadieron.
La respuesta del Gobierno nacional
Desde el Ministerio de Transporte que encabeza Diego Giuliano se recordó que el Estado nacional abonó esta semana 27 mil millones de pesos a las empresas prestatarias del servicio, 6.500 millones de pesos más que el mes anterior.
Según Transporte, ese adelanto de dinero contempló la actualización de costos no salariales como combustible, neumáticos, seguro y mantenimiento del sistema a valores de abril, y dijo que realiza un análisis y evaluación del funcionamiento del sector, incluido el parque automotor y su operación real para considerar futuras compensaciones.
También detalló que la mejora salarial del mes anterior tuvo que realizarse a través de una resolución conjunta porque el empresariado “no acordó la paritaria laboral y pretendió que el Estado reconociera incrementos sobre sus márgenes de ganancia”.
“El Estado, responsable de aportar más del 80 por ciento del financiamiento del sistema de transporte automotor, que además procura la eficiencia y accesibilidad del servicio público de transporte para los usuarios, debió hacerse cargo del reconocimiento de la pretensión salarial de los trabajadores”, indicaron desde Transporte.
Además desde esa cartera informaron que se está llevando adelante un análisis “en profundidad sobre el funcionamiento del sector”, incluido el parque automotor vigente y la operación real del mismo para considerar “futuras compensaciones económicas”.
La UTA y las juntas ejecutivas seccionales ratificaron “la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del AMBA y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)”, y rechazaron que el personal de todo el país “se convierta en rehén de las problemáticas que puedan afrontar los servicios”.
“Las diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación son completamente ajenas e independientes de los salarios de los trabajadores, quienes no pueden ni deben esperar disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes. No pueden ser rehenes de la problemática del servicio”, afirmó el comunicado de la UTA de esta semana.