Una historia de 16 años que une a financistas y ambientalistas
La historia de los bonos verdes es reciente y no hay que remontarse más allá de este siglo para encontrar sus primeros antecedentes, en medio de la desconfianza y el desconocimiento mutuo entre dos mundos que, hasta entonces, habían tenido contactos escasos o directamente nulos, como el de los financistas y los ambientalistas.
Si hay que buscar un “puntapié inicial”, en el Banco Mundial lo ubican a finales de 2007, cuando en la Tesorería del organismo recibieron el llamado de un grupo de fondos de pensiones de Suecia que pretendía invertir en proyectos climáticos, pero ninguna de las dos partes de la conversación sabía cómo llevarlo a cabo.
Como en tantas otras historias, también en la de los bonos verdes hay disputas para atribuirse quién fue el verdadero iniciador, ya que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) asegura ser el acreedor de esos laureles, con la primera emisión en julio de ese año.
Más allá de esas diferencias, el Banco Mundial y su brazo para el sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI) abordaron la cuestión, en atención a la creciente preocupación de varios países por el cambio climático, para lo que debieron dar los pasos iniciales de una alianza con el sector científico, encargado de certificar y fiscalizar el carácter ecológico de las operaciones.
Para ello, contaron con el aporte del Centro de Investigación Internacional sobre el Clima y el Medio Ambiente de la Universidad de Oslo (Cicero), que desembocó en la primera emisión de un bono verde en 2008, que se tomó desde entonces como modelo a seguir en diferentes países.
La emisión de bonos verdes desde entonces superó los US$ 300.000 millones en todo el mundo
Se entiende por “bono verde” a un valor negociable para el financiamiento de actividades específicamente ligadas a cuestiones ambientales (reducción de emisiones de CO2 o de huella hídrica, utilización de energías renovables, reciclado, etc), el social al que se centra en proyectos de impacto positivo en la comunidad (infraestructura, vivienda, agua potable, etc) y el sostenible al que combina ambas modalidades.
En la Argentina, las provincias de Jujuy y La Rioja fueron pioneras, con emisiones de bonos previas a la existencia del panel específico en el ByMA.
En la actualidad, se cuenta con 54 Bonos SVS + emitidos, de los que 32 son verdes, 12 sociales, 5 sustentables y 5 vinculados a la sustentabilidad, con un monto emitido total de US$ 1.204,8 millones.
En la distribución geográfica, los distritos de la región pampeana Buenos Aires, CABA, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) concentran el 73,5%, en tanto las provincias del NOA alcanzan al 16,2%, por el desarrollo alcanzado con los proyectos de energía solar.
El director de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Matías Isasa, destacó cuatro ejemplos de bonos emitidos por distintas entidades del sector público.
Al respecto, señaló al Banco Ciudad como el emisor de primer bono social del país, destinado a aliviar o prevenir los efectos de la pandemia de coronavirus, con beneficios para unas 3.000 empresas.
El año pasado, la Municipalidad de Córdoba emitió un bono verde para financiar la instalación de luminarias LED, 30 estaciones solares y la optimización de la red cloacal, con un ahorro total de 2 millones de kwh por año.
Nucleoeléctrica Argentina realizó un fideicomiso financiero vinculado a la sustentabilidad para la extensión de la vida útil de Atucha I y el almacenamiento en seco de combustibles gastados para Atucha I y II, con el objetivo de terminar con las emisiones de dióxido de carbono en 2025.
La última medición le correspondió al municipio mendocino de Godoy Cruz, para la compra de luminarias LED, la construcción de un parque solar y la ampliación de la red de ciclovías.