La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le solicitó a la Justicia Federal que inicie una “investigación penal urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión” llevada cabo en Jujuy contra quienes protestaban contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Gerardo Morales.
Fuentes de la Secretaría indicaron que la presentación judicial incluyó “testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia”.
“Las víctimas relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones”, consignaron las fuentes oficiales sobre el contenido de la denuncia.
Asimismo, se informó que en las declaraciones recolectadas se señaló “la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes”.
“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que – más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, remarcó en la presentación.
El escrito también menciona que “el propio gobernador Gerardo Morales publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, información que sólo debería manejar el Poder Judicial”.
La denuncia se suma al hábeas corpus presentado ante la justicia local ayer por la Secretaría para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta.
A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que “se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes” y llamó al Gobierno de Morales “a iniciar una instancia de mediación, que hasta el momento no fue cumplida”.
El secretario Pietragalla Corti viajó a la provincia en dos ocasiones en los últimos diez días para monitorear de cerca las denuncias de violencia institucional y el recrudecimiento de la represión en las protestas que se generaron en rechazo a la sanción de una reforma de la Carta Magna local, aprobada el pasado 20 de junio en una breve sesión de la Asamblea Constituyente que se realizó en la Legislatura provincial.
El titular de la Secretaría recorrió junto a sus funcionarios de su dependencia, del Instituto Nacional de Asuntos Indígena (INAI) y de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) los lugares de las protestas y cortes de ruta, donde se entrevistó con manifestantes y “visitó a todos los detenidos y detenidas para recoger testimonios, corroborar su estado integral y de detención”, detallaron voceros oficiales.
Pietragalla Corti también se acercó al hospital local “Pablo Soria” donde “se encontraban los heridos y detenidos con estado de salud más grave por las agresiones, pero se le impidió el ingreso”.
De todas formas, el funcionario nacional “pudo comunicarse con familiares y allegados de las personas internadas y constatar que, a raíz de la represión, dos personas se encontraban en terapia intensiva y tres sufrían pérdida de visión”.
Junta médica para Milagro Sala
En tanto, la dirigente social Milagro Sala fue trasladada desde su domicilio en Jujuy para una junta médica “sin una orden judicial”, en un procedimiento que fue señalado como “ilegal” por su equipo letrado, que advirtió sobre la posible intención de llevarla a “una cárcel común”.
Según se informó luego, Sala fue trasladada a un dependencia del Poder Judicial pero finalmente no se cumplió con la evaluación médica por la mediación de sus abogados, y la dirigente social fue llevada nuevamente su domicilio, ubicado en el barrio Cuyaya, de la capital jujeña.
“No se hizo la junta médica porque no había orden de un juez, fue todo un procedimiento ilegal”, explicó a Télam la abogada Alejandra Cejas, del equipo que patrocina a Milagro Sala.
La solicitud de traslado fue realizada por el fiscal de Estado de la Provincia de Jujuy, Miguel Ángel Rivas, con el patrocinio del procurador general Luis Albesa, en base a la condena contra la dirigente jujeña a 13 años de prisión por el delito de “fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia”.
En el escrito se solicita el traslado de Sala a cárcel común del Servicio Penitenciario “para el cumplimiento de la condena” y señala: “No solo existen informes médicos y psicológicos que acreditan el estado de salud de Sala, apto para ser alojada en un cárcel común, sino que además resulta de público y notorio que realiza profusa actividad política de desde su domicilio real, ergo, no existe impedimento ninguno para que se provea esta petición”.
Nos informaron anoche de esta medida y no podemos contar con los médicos de Milagro para que asistan a esa junta. Hemos prestado un habeas corpus para evitar el traslado y no se le dio trámite.
— Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) June 27, 2023
Por su parte, la exministra Elizabeth Gómez Alcorta -que coordina la defensa de Sala- informó en su cuenta de Twitter que fueron informados de esta medida y que “siempre las juntas médicas se hicieron en su casa porque es lo que sus médicos recomiendan”.
Un grupo de siete mujeres y un hombre se “crucificaron” simbólicamente en la ciudad jujeña de La Quiaca, fronteriza con Bolivia, para reclamar que se anule la reforma parcial de la Constitución provincial, en el contexto de conflictividad social que desde hace varias semanas se verifica en la provincia que gobierna el precandidato vicepresidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales.
Los reclamos, que se iniciaron por parte de los docentes y a los que se sumaron múltiples sectores de la sociedad, llevan 22 días de manera ininterrumpida en el distrito.
En medio de esta situación, esta mañana mujeres residentes en la Quiaca tomaron la decisión de escenificar una crucifixión colectiva en cercanías al corte de ruta que mantienen manifestantes en el ingreso a esta localidad, ubicada en el extremo norte de la Argentina.