Agosto de 1989. Roberto Dromi, ministro de Obras y Servicios Públicos del gobierno de Carlos Menem, presenta en sociedad la “reforma del Estado”, que no es ni más ni menos que la privatización del sistema público.
El proceso alcanzó a las principales empresas de servicios, en el marco de una profunda desregulación económica y un discurso que planteaba básicamente la liquidación del Estado como un paso necesario hacia la modernización y un uso más eficiente de los recursos.
Todo esto iría de la mano del avance del sistema financiero y la flexibilización del mercado laboral, que a los pocos años ya dejaría ver sus consecuencias.
Sin embargo, y a pesar de la magnitud de esos cambios, el oficialismo contó con el respaldo de los sectores más castigados, abriendo la pregunta sobre el rol que tuvieron los medios y su coqueteo con esa reforma.
Un caso paradigmático fueron las AFJP. El experimento fue presentado con bombos y platillos como una solución mágica frente al esquema público de reparto.
Entre los principales argumentos, se defendía la capitalización individual, que además iba a beneficiarse del sistema financiero, y la competencia como garantía del sistema.
Son años donde triunfa lo que algunos llaman “la sociedad de mercado”. La fórmula que parece ganar es la exaltación del individualismo. El exitismo se mezcla con la cultura del dinero, desdibujando el lugar de lo público y lo político.
Además de la llegada de las AFJP, el menemismo benefició a las empresas con una rebaja de las contribuciones patronales contribuyendo más con el desfinanciamiento del sistema de reparto. Era solo cuestión de tiempo para que la trampa donde las empresas se quedaban con los aportes mientras el sistema público se hacía cargo de los pasivos, mostrara sus consecuencias.
Lejos de las promesas, los salarios y las jubilaciones siguieron cayendo cada vez más.
Norma Pla y sus marchas de los miércoles se volvieron una voz que fue ganando protagonismo contra el gobierno.
Pero no bastó. Las pensiones seguirían sufriendo recortes los años siguientes. Hasta llegar a una medida que sería recordada históricamente. En el 2000 Patricia Bullrich, entonces ministra de Trabajo de Fernando De la Rúa decide bajar la jubilación un 13 por ciento.
Ni capitalización, ni maximización de las ganancias para los trabajadores, como les habían prometido.
Lejos de eso, el 75 por ciento del dinero de las jubilaciones privadas fue invertido en títulos y acciones del sistema financiero, que obviamente comenzaron a caer desde 2007 abriendo un interrogante a futuro. El Estado, que venía de sufrir una enorme sangría de recursos, tuvo que salir al rescate de esas empresas con millones de pesos para que un jubilado pudiera cobrar la mínima. De hecho, las jubilaciones terminarán volviendo al Estado años más tarde.
Aunque los argumentos a favor del sistema privado se siguen escuchando. Parecieran desconocer que la experiencia de las AFJP demostró que la seguridad social en manos de los bancos solo puede conducir a un rotundo fracaso.