La oposición de Polonia reunió este domingo a miles de manifestantes en la ciudad capital de Varsovia para protestar contra lo que denuncia como una deriva autoritaria del Gobierno del derechista Partido Ley y Justicia (PiS) y exigir “una Polonia democrática y europea”.
“¡Polonia está aquí! ¡Nadie nos puede silenciar!”, dijo el principal líder opositor, el ex primer ministro y exfuncionario de la Unión Europea (UE) Donald Tusk, ante los miles de asistentes a la concentración en las calles de Varsovia.
“Somos miles, miles de personas que tenemos a Polonia en el corazón, millones de mujeres y hombres polacos que están frente a la televisión y que no están vencidos, que no se dejan amedrentar”, añadió Tusk, expresidente del Consejo Europeo.
Los organizadores dijeron que cerca de medio millón de personas se congregó en las calles de Varsovia, en la que fue la marcha más multitudinaria desde 2020, cuando otros cientos de miles se habían congregado para protestar contra la prohibición del aborto.
La convocatoria coincidió con el 34º aniversario de las primeras elecciones libres celebradas en Polonia, en 1989, que ganó el expresidente Lech Walesa, líder sindicalista y figura principal de la transición del comunismo al capitalismo.
Las exigencias centrales de los manifestantes eran “elecciones libres y justas” y “una Polonia democrática y europea”, justo cuando el país se prepara para celebrar comicios legislativos en la segunda mitad del año, informó la agencia de noticias Europa Press.
A la protesta se sumaron organizaciones de la sociedad civil, feministas y activistas LGTBIQ+, colectivos afectados por las leyes ultraconservadoras impulsadas por el Gobierno del PiS del presidente Andrzej Duda y el primer ministro Mateusz Morawiecki.
La semana pasada se aprobó una ley que prevé la formación de una comisión de investigación sobre la presunta influencia rusa y la colaboración con las autoridades rusas desde 2007.
La iniciativa prevé sanciones tales como la inhabilitación para cargo público o la anulación de licencias de armas.
Desde la oposición, Bruselas o Washington alertaron que la ley podría utilizarse para lanzar campañas de señalamiento y humillación pública contra opositores al PiS.
Además, sus competencias se solapan con las de otros organismos estatales y las de los tribunales.