Las obstétricas en Latinoamérica suelen enfrentarse a barreras para la prescripción, entrega o colocación de métodos anticonceptivos, para ofrecer servicios de consejería de salud sexual reproductiva y no reproductiva que podrían evitar, por ejemplo, embarazos de niñas, o para realizar interrupciones legales y voluntarias de embarazos, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se las incorpore en la realización de la práctica.
Así lo analizaron 40 profesionales reunidas en Panamá en el marco de la VII Conferencia Regional del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai).
“Es la primera vez que participamos de esta conferencia, y es un reconocimiento, no solemos estar en estos eventos, no es fácil para nosotras”, dice a Télam Valeria Plugoboy, licenciada en Obstetricia de Entre Ríos e integrante de la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redaas) que reúne a profesionales de la salud y el derecho de Argentina.
Ella fue una de las argentinas que, junto a colegas de Bolivia, Chile, Ecuador, México y Perú, tuvieron un encuentro específico dentro de la reunión de Clacai “para dar impulso a estrategias de reconocimiento de una profesión que, en los últimos años, mostró una enorme evolución, ampliando sus contribuciones en la atención de la salud sexual y (no) reproductiva”, destaca la socióloga Silvina Ramos, de Redaas.
En la región, las profesionales son nombradas de distintas maneras: obstétricas, obstetras, parteras, matronas. Y también hay varones.
“Mas allá de las denominaciones, lo que buscan es que la sociedad, las autoridades y los sistemas de salud reconozcan su potencialidad para contribuir a la ampliación del acceso y la mejora en la calidad de la atención de la salud”, explica Ramos.
La socióloga presentó durante la reunión organizada por Redaas, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) y la ONG Ipas Lac, una encuesta sobre el estado de situación de este colectivo profesional en los países participantes del encuentro.
De allí se desprende que, por ejemplo, las matronas “tienen una gran incidencia en la prescripción y colocación de métodos anticonceptivos de larga duración. Sin embargo, aún existen barreras para que la población acceda a sus servicios por motivos normativos (falta de regulaciones que las habiliten), falta de información apropiada sobre esos métodos, oposición de médicos y médicas y/o de las autoridades, normas culturales y barreras administrativas”, destaca el relevamiento.
La obstetra ecuatoriana Gabriela Rivera dice a Télam que el trabajo de las profesionales del área en su país “es brindar acceso a las niñas, adolescente, jóvenes, adultas y mujeres en el climaterio, especialmente de los grupos más vulnerables, a servicios de salud sexual y reproductiva con enfoque en derechos”.
Su tarea contribuye “a la disminución de embarazos en adolescentes, permite que accedan a métodos anticonceptivos disminuyendo la morbimortalidad materna asegurando el acceso a servicios de aborto seguros y controles prenatales adecuados de acuerdo a las normativas, al igual que mediante referencias oportunas a segundo y tercer nivel de atención; educación y sensibilización sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) o prevenir, captar y referir oportunamente el cáncer de mamas y cérvico uterino, y referir casos de violencia de género para que las mujeres reciban una atención integral”, añade la profesional.
Las participantes también tuvieron una charla informativa sobre las directrices de la OMS para el aborto seguro del año 2022, en las cuales se hace énfasis en que la interrupción del embarazo puede ser practicada de manera segura por una amplia gama de profesionales sanitarios, entre ellos, las obstétricas.
Además, la OMS remarca que, para garantizar una cobertura universal en la salud, es imprescindible la ampliación de los equipos con otros perfiles profesionales.
“Reunirnos nos potencia, construimos vínculos y formamos una red. Trabajamos cuatro ejes: la incidencia, la gestión, la docencia y la prestación de servicios”, aporta la obstetra entrerriana.
Las argentinas llevaron su experiencia impulsando una ley nacional que reconozca la autonomía de la obstetricia como una especialidad en el campo de la salud y no como una labor auxiliar.
Redaas, el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa) e Ipas impulsan una campaña local para que se sancione una ley nacional que está siguiendo su derrotero en la Cámara de Diputados.
En Argentina, las competencias y la autonomía profesional reconocidas varían ampliamente.
Corrientes es la provincia que modificó su legislación este año, adecuándola a los estándares esperados por las profesionales.
Algunas provincias tienen leyes fechadas en las décadas del ’60 o ’70, donde la obstetricia era una práctica auxiliar de la medicina.
La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y la ciudad de Buenos Aires son las jurisdicciones con normas que datan de esa época.
Por otro lado, una segunda ola regulatoria apareció a partir de 2010 donde las provincias comenzaron a regular de manera autónoma el ejercicio de la obstetricia, y allí se encuentran Neuquén, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Río Negro, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Misiones, Chaco, Chubut, Mendoza, Formosa y Santiago del Estero.
“Es una deuda que se tiene con las obstétricas, necesitamos un marco legal nacional para poder trabajar en todas las áreas. Una ley nacional nos iguala a las obstétricas y a las usuarias, para que accedan de forma equitativa al derecho a la salud en cualquier lugar del país”, explica Plugoboy.
La reunión latinoamericana en Panamá se basó en revalorizar la profesión con el reconocimiento de las contribuciones de las obstétricas para la atención de la salud sexual y (no) reproductiva y jerarquizar la profesión a través de marcos normativos y políticas públicas que les reconozcan su autonomía y sus contribuciones.
También en involucrar a este colectivo profesional, tradicionalmente dedicado a la salud materna y perinatal en la atención de la salud sexual y (no) reproductiva e introducir nuevos modelos de trabajo, como el de tareas compartidas, para fortalecer su rol en el marco del trabajo en equipo y la atención integral y centrada en la persona, resumieron las participantes.
“El compartir nos permitió evidenciar que la realidad en mi país (Ecuador) no es una realidad de todos y todas, evidenciándose las restricciones que aún existen para el ejercicio ya sea por leyes o normativas de cada país y gremios de la salud. Es fundamental crear alianzas en la región para que el trabajo de las obstetras sea reconocido, respetado y valorado, se deben crear políticas y normativas desde los entes rectores como la OMS. Es fundamental que se visualice la contribución que hacemos en la sociedad”, concluye la ecuatoriana Rivera.
Las profesionales representan menos del 10% del personal de salud, y se estima que hoy faltan 900.000 obstétricas que presten servicios que permitirían salvar 4,3 millones de vidas cada año para 2035 a escala global, según el último informe sobre el Estado Mundial de la Partería, elaborado por elaborado por Unfpa, la Confederación Internacional de Matronas, la OMS y la consultora Novametrics.