Rechazan la Reforma Constitucional jujeña que busca "limitar" las protestas sociales

Foto Edgardo Valera
Foto: Edgardo Valera.

Referentes sociales, de derechos humanos, docentes y sindicales de la provincia de Jujuy rechazaron este lunes la reforma parcial de la Constitución provincial que busca “limitar” las protestas sociales y llamaron a que “más sectores de la sociedad” conozcan lo que se está tratando.

El encuentro se realizó en la Legislatura provincial, donde fueron citados múltiples referentes de diversos espacios de la sociedad, quienes coincidieron en el rechazo a regular la protesta social en la provincia de Jujuy.

La Reforma parcial de Constitución provincial avanza en los debates de las distintas comisiones en la Legislatura provincial, entre ellos el apartado de “Nuevas Declaraciones Derechos y Garantías”.

Un apartado por el “Derecho a la paz y derecho a la convivencia pacífica” plantea “la expresa prohibición de corte total de calles y corte de ruta, así como toda otra perturbación a los derechos de la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales”.

“Nunca se nos regaló un derecho, los derechos lo hemos conquistado y detrás de cada derecho hay ríos de sangre y es por eso que nosotros debemos defender la protesta social”, manifestó en su intervención Nora Ferreyra, integrante de la Red por el Derecho a la Identidad.

A su vez, Oscar Alfaro, ex preso político de la última dictadura militar en Jujuy, señaló que “cuando salimos a la calle, salimos en busca de derechos para tener una mejor vida, un mejor futuro, una vida más digna de eso se trata, en cambio cuando los grupos del poder económico sale es para mantener sus privilegios”.

En otro tramo José Zurita, dirigente del Movimiento Evita en Jujuy, dijo que “la intención del gobernador Gerardo Morales es seguir manteniendo mecanismos de opresión y la reforma no responde a generar una mejor vida al pueblo jujeño”.

“Ninguna reforma le va a decir al pueblo cuando hay hambre que no puede protestar”, sostuvo.

Santiago Seilant, integrante del Sindicato de Empleados Obreros y Municipales (Seom), reclamó la “poca información” sobre el debate de la reforma constitucional, la cual “nació como clausula cerrojo desde la cabeza del poder político jujeño, lo cual ya arranca de manera sospechosa”.

“A la protesta se va cuando se agotan todas las vías administrativas en el marco de discusiones en el que no hay respuestas a los requerimientos de los trabajadores”, enfatizó el dirigente sindical.

A su vez, el convencional oficialista, Alejandro Nieva, refirió que “hay otros derechos que también tienen que ser contemplados. Los jujeños hemos salido de muchos años de protestas donde se obligaban a las personas participar para percibir planes sociales y de forma abusiva”, refirió.

“Quieren votar que nadie pelee por los derechos porque los derechos no se regalan, se conquistan. Hay una sociedad que la está pasando mal y no se puede seguir quitando derechos”, refirió por su parte, Andrés García, secretario adjunto del Centro de Enseñanza Medio y Superior (Cedems).

“Esta discusión debe seguir con más expositores, la sociedad lo debe saber porque es muy grave lo que van a hacer”, manifestó al dirigirse a los convencionales oficialistas ligados al gobernador Morales.

En la misma línea los convencionales constituyentes del Frente de Izquierda solicitaron convocar a más sectores de la sociedad civil para discutir este apartado de la futura reforma constitucional.

A fine de mayo, Morales abrió el debate por la reforma de la Constitución de Jujuy que busca, entre otras cuestiones, prohibir la Ley de Lemas, salir del esquema de renovación de cargos electivos bianual con elecciones cada cuatro años, avanzar contra el maltrato animal, seguir la agenda iniciada para la lucha contra el cambio climático y restricciones para las protestas con cortes callejeros.

Y asigna capítulos específicos para avanzar con lineamientos establecidos en la Constitución Nacional y derechos de la mujer, niños, niñas y adolescentes.

En tanto, referentes de izquierda y de los derechos humanos en la provincia rechazaron la reforma que es “antidemocrática y secreta”, ya que “no tiene un texto” que diga lo que se quiere modificar.


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