El desembarco en Tierra del Fuego de la empresa Uber generó la reacción de las asociaciones de taxis, agencias de remis y otro tipo de transportes que exigen regulaciones tanto a los concejos deliberantes como a la Legislatura provincial.
La plataforma multinacional comenzó a operar este jueves en las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, apenas veinte días después de anunciar que tenía intenciones de empezar sus actividades en el distrito y que solo lo haría en la capital fueguina, atendiendo a la demanda derivada del turismo.
La empresa empezó a inscribir a conductores y pasajeros a través de su aplicación para celulares, y de un día para el otro comunicó el inicio de sus prestaciones.
“Notamos un interés por el servicio y como en Tierra del Fuego no existen regulaciones específicas para esta actividad, decidimos lanzar el uso de la plataforma, entendiendo que su legalidad está fuera de discusión”, explicó el director de Comunicación de Uber para el Cono Sur, Juan Labaqui, en declaraciones a medios fueguinos.
Por su parte los transportistas locales, que ya se habían manifestado en contra de esta posibilidad, aceleraron los contactos con las instituciones legislativas para que se avance en algún tipo de regulación de la actividad.
Un grupo de ellos fue recibido en la víspera por legisladores provinciales de la comisión de Legislación General, a quienes les manifestaron la importancia de “preservar las fuentes de empleo” y el riesgo de “implementar plataformas que agrupan a particulares para realizar el trabajo de transportistas profesionales, sometidos a todo tipo de normas y controles”, dijeron en la reunión.
El presidente de la comisión legislativa, Federico Greve, explicó tras el encuentro que los transportistas admitieron deficiencias en el servicio de taxis y remises, y que también se trató el riesgo de no colisionar con las normas emanadas de los municipios.
“El transporte urbano de pasajeros está exclusivamente regulado por la jurisdicción municipal, tal como lo establece la Constitución de la provincia y por las cartas orgánicas municipales. Cualquier regulación provincial deberá tener en cuenta el tema de las competencias”, analizó Greve.
Por su parte, el Concejo Deliberante de Ushuaia retomará este viernes una sesión donde podría reafirmar la vigencia de la ordenanza 5.283 que prohíbe el uso de plataformas para el transporte de pasajeros e incluso decidiría el aumento de las multas para eventuales infractores, adelantaron fuentes del organismo.
Un proyecto que analizan los concejales establece multas de $978.000 a $1.630.000 para los choferes que transportes pasajeros sin habilitación y para “quienes sean descubiertos ofertando, publicitando o gestionando herramientas de oferta de dichos servicios”.
En tanto, el municipio de Río Grande emitió este jueves un comunicado donde aconseja “utilizar solo transportes habilitados” que “cuenten con la documentación correspondiente y las condiciones de seguridad necesarias para los usuarios”.
“Transitar en transportes habilitados posibilita que, ante cualquier eventualidad o accidente, las y los vecinos puedan realizar los reclamos pertinentes”, enfatizó el parte oficial.
Sin embargo, Uber desconoce las normas locales, como las leyes y las ordenanzas, en tanto prohíban el servicio, y solo acepta que se lo regule por cualquier vía.
“La legalidad está determinada por normas nacionales. El aspecto básico es el contrato entre las partes que están en el viaje. Por eso hay muchísimas ciudades del país donde Uber funciona sin problemas. Si se regula el servicio aceptaremos las condiciones como corresponde”, argumentó Labaqui.